Hay personas que están buscando empleo y cuando llega el momento del sí quiero, se echan para atrás. Han estado en actitud proactiva (palabro de ultima generación) y pasan todo el proceso, primero de un itinerario si están en un servicio de orientación y después el propio proceso selectivo, pero cuando llega el momento no están convencidas del paso a dar.
Hay datos publicados de porqué pasa esto; expectativas no cumplidas, salario no conveniente, contraoferta de la actual empresa que no quiere que se marche a la competencia, o falta de consenso familiar para dar el paso, entre otras.
Estas razones se han constatado en relación a la media de la población, digamos población estándar. Ahora bien ¿Qué pasa si alguien en situación de pobreza, los mal llamados colectivos en riesgo de exclusión, rechaza un empleo?
El juicio es rápido, la gente es que no quiere trabajar.
¿Por qué una persona que vive con un subsidio, el ingreso mínimo vital o en el empleo sumergido rechaza un empleo con su contrato y todo?
La respuesta suele ir en la misma dirección, no quieren perder lo poco o poquísimo que tienen, y cualquiera, en su sano juicio, que estuviera en esa situación haría igual.
Si las condiciones del mercado laboral fueran otras con más garantías, otras serían las decisiones. Pero con contratos a media jornada y de 3 meses que son los que más abundan actualmente, quién arriesga lo poco que tiene. Nadie elige libremente una situación peor de la que tiene sin condicionantes tan gravosos.
Cuando sean compatible las ayudas y el empleo, cuando no se castigue el intentar salir de esa situación, habrá menos miedo y más posibilidades reales de la inclusión social a través del empleo.
